La jueza Martina Forns, del fuero Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín, ha dictado una medida cautelar suspendiendo por seis meses cualquier acción administrativa vinculada al Decreto 461/2025, que ordenaba la disolución de Vialidad Nacional. Esta medida surge a partir de un recurso presentado por el gremio Sevina para proteger a los trabajadores de potenciales cambios unilaterales a sus condiciones laborales.
La orden judicial impide al gobierno de Javier Milei realizar reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, o eliminar estructuras de la Dirección Nacional de Vialidad. Forns argumentó que esta decisión busca evitar daños irreparables y mantener el statu quo mientras se discute el asunto de fondo.
La magistrada subrayó que tanto la Constitución Nacional como los convenios de la OIT, que tienen jerarquía constitucional, no permiten al Estado alterar unilateralmente condiciones de trabajo previamente establecidas por normas colectivas. Sin embargo, Forns aclaró que aún no se ha analizado la solicitud para anular el Decreto 461 debido a que este paso requiere un estudio más detallado y un debate exhaustivo.