Neuquén regulará el uso del celular en las escuelas: se requerirá aval de las familias

El gobierno deNeuquén promulgólaley N° 3520, que regula el uso decelulares en las escuelasde la provincia. Abarca todos los niveles educativos de gestión pública y privada, con un marco normativo queprohíbe su usoen los niveles Inicial y Primario durante toda la jornada escolar, salvoautorización excepcionalde la dirección institucional.Estanueva normativacomplementa medidas previas aplicadas por el Ministerio de Educación, como elbloqueo a redes sociales, aplicaciones no educativas y páginas web. Además, incluyecapacitaciones docentessobre uso responsable de la tecnología y abordaje de trastornos asociados a su mal uso en contextos escolares.Desde el área educativa provincial se remarcó que esta ley refuerza la construcción depactos institucionales, cuyo diseño depende de cada comunidad escolar. Las acciones deben estar alineadas a losproyectos educativosexistentes, adaptando las normas a lasrealidades localesmediante acuerdos de convivencia.En el nivel Primario, se permite la utilización decelulares con fines pedagógicossiempre que estén integrados a unproyecto didáctico aprobado, supervisado por docentes y con consentimiento informado de las familias. EnSecundario, solo se permite si eldocente lo habilitay existe justificación curricular. En otros casos, los dispositivos deben estarapagados y fuera de la vistadurante el horario escolar.Cada institución educativa deberá elaborarreglamentos internosparticipativos, en el marco de sus acuerdos de convivencia, conforme a los lineamientos generales establecidos por la ley y elministerio de Educación, que será la autoridad de aplicación.La cartera educativa también deberá implementarcampañas de sensibilizaciónsobre ciudadanía digital dirigidas a docentes, estudiantes y familias. Estas incluirán temáticas como eluso responsable de tecnología, la prevención del ciberacoso, el cuidado dedatos personalesy el reconocimiento de contenidos perjudiciales.Finalmente, el artículo octavo de la ley prevéevaluaciones periódicasal menos cada dos años para medir el impacto de esta regulación en lacomunidad educativa, promoviendo un monitoreo constante de su implementación y efectividad.