El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, ha decidido la expulsión de dos trabajadores del sector público a través de decretos recientes, debido a sus condenas judiciales. Uno de los afectados es Edgardo Caitruz, quien trabajaba como auxiliar de servicio en el CPEM N°14 de Aluminé. Caitruz recibió una condena de dos años y medio de prisión condicional por cargos de acoso y abuso sexual a colegas. El Consejo Provincial de Educación llevó a cabo un sumario administrativo, llevando a su desvinculación definitiva. En el segundo caso, Graciela Itatí García, anteriormente enfermera en el Centro de Salud de Taquimilán, fue condenada por peculado. García robó vacunas del sistema de salud pública, incluidas dosis para el VPH, que vendió por 320 mil pesos. Además de la condena, se le impuso una inhabilitación perpetua para ejercer funciones en el sector público. Estas decisiones están en línea con la política de “tolerancia cero” del gobierno neuquino hacia los empleados estatales que cometan delitos o violen normas éticas esenciales.